A pesar de que encontré muy interesante el artículo del Sr. Correa y que le tengo un profundo respeto, me parece que el diagnóstico que hace del funcionamiento del Tribunal Constitucional es, si bien no incorrecto, conformista con el estado actual de la democracia y la institucionalidad de nuestro país.
Es cierto que el respeto por las decisiones mayoritarias que debiera tener el TC es un tema que siempre divide, dependiendo si la decisión que emitió el tribunal favorece o no al que está analizando la situación. Por lo mismo, tal vez sería necesario no hacer esta crítica en relación a un caso específico o a una situación determinada, como por ejemplo con el caso “píldora del día después” o con el caso de la ley de Isapres. Me parece necesario un análisis que sea independiente de la decisión en sí que genere el tribunal y que, más bien, observe si el marco teórico sobre el cual está cimentado el TC respeta o no el régimen democrático que buscamos hacer respetar.
Pero, por otro lado, creo que hay un tema más de fondo que también debiéramos considerar, el cual es la calidad de la democracia de nuestro país y cómo se relaciona el TC con esa democracia. El autor señala, según comprendo, que el TC actúa como una especie de “voz de la razón” para el Legislador, ya que del primero emana un decreto de inaplicabilidad de una cierta ley, lo que le da la orden al último de revisar dicha ley y corregir su contenido. Este procedimiento, tildado por el profesor Correa como “menos invasivo”, me parece no sólo poco efectivo, sino además poco participativo por parte del TC, ya que incurre en una especie de delegación de su labor de control constitucional, dejando la corrección en sí del contenido al legislador, sin siquiera dar alguna sugerencia o guía a cómo debiera hacerse esta corrección. Peor aún, deja la labor en manos de un legislador que, bajo las circunstancias de nuestra democracia actual, no cumple de manera efectiva su labor, no es representativa de la realidad del país en el que se encuentra, está invadida por pugnas políticas internas y no promueve ninguna especie de participación ciudadana, más allá del simple sufragio que deben hacer una vez cada tantos años. ¿Es realmente efectivo dejar una labor tan importante como ajustar el contenido de una ley para que concuerde con nuestra Carta Fundamental a un órgano público de estas características?
Me enorgullecería saber que nuestro país contara con un TC participativo, que no teme en dar su opinión sobre los temas que juzga, que promueve discusiones que el Legislador no quiere ni siquiera mencionar (ej: el aborto en Chile), que toma decisiones que nadie más se atrevería a tomar, que funcionara como un órgano jurisdiccional activo en la sociedad. Tal vez es mucho pedir por ahora, pero sería una buena meta a plantearse para el futuro.
El artículo del profesor Correa se puede encontrar en: http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2010/08/895-280739-9-tc-mayorias-y-dialogo-democratico.shtml
